Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial es una entidad de derecho público, con siglas AESIA. El real decreto le reconoce personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía de gestión. La agencia es la institución. El Real Decreto 729/2023 es la norma.

El artículo 1 del texto publicado en 2023 la adscribe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Esa frase del estatuto no se reescribe aquí.

Una nota de prensa del Ministerio de Hacienda, del 25 de agosto de 2026, describe a la Agencia como adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La nota da cuenta de un acuerdo del Consejo de Ministros sobre límites de gasto para convenios, encargos y contratos. No es una reforma del estatuto y no sirve para deducir facultades concretas de inspección o sanción.

El artículo 4 encarga a la Agencia tareas de supervisión, asesoramiento, concienciación y formación dirigidas a entidades públicas y privadas, para la implementación de la normativa nacional y europea sobre el uso y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y más concretamente de los algoritmos. Añade funciones de inspección, comprobación, sanción y las demás que le atribuya la normativa europea aplicable, en especial en materia de inteligencia artificial.

Lo hace «sin menoscabo de las competencias y funciones» que en este ámbito ejercen el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en medicamentos, productos sanitarios y evaluación de tecnologías para la cartera del Sistema Nacional de Salud, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y la exigencia de responsabilidades en las relaciones laborales.

Dentro de la competencia estatal, el artículo 4.2 le atribuye las funciones de autoridad responsable de la supervisión y, en su caso, sanción de los sistemas de inteligencia artificial, con el objeto de reducir riesgos para la integridad, la intimidad, la igualdad de trato y la no discriminación, y otros derechos fundamentales. El artículo 10.1.k concreta la supervisión de los sistemas cuya competencia sea asumida por la Agencia, conforme a la normativa europea. El artículo 10.1.l deja abierta cualquier otra función que le atribuya la normativa nacional o europea que entre en vigor.

El artículo 5 obliga a cooperar con otros órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones, y permite convenios y otros instrumentos con entidades públicas o privadas. El artículo 3.2 sujeta el ejercicio de las competencias a la normativa europea de supervisión de sistemas de inteligencia artificial.

El estatuto organiza una agencia estatal y define su objeto. No es un manual de obligaciones para cada empresa que use un sistema de inteligencia artificial. Esta ficha cubre el marco institucional y el estatuto revisado. No reparte de forma exhaustiva todas las competencias que puedan corresponder hoy a cada autoridad.

El preámbulo explica que el real decreto se tramitó anticipando la entonces propuesta de reglamento europeo y la designación de una autoridad nacional de supervisión. Esa explicación no convierte a la Agencia, por sí sola, en la autoridad de cualquier sistema. El estatuto no contiene una cláusula que diga que la AESIA supervisa toda la inteligencia artificial en España.

Para el Consejo, la pregunta útil no es si «la AESIA lo cubre todo». Es qué sistema se está examinando, qué actividad y qué personas afecta, y qué autoridad tiene ya una competencia expresa: protección de datos, inspección de trabajo, autoridades sanitarias o la propia AESIA en los términos del estatuto y de la normativa europea que resulte aplicable.

Conviene pedir a la dirección que separe la existencia de la Agencia, el real decreto que la regula y cualquier guía que la Agencia publique. También conviene separar la adscripción que escribe el artículo 1 de 2023 y la descripción institucional de la nota de Hacienda de 25 de agosto de 2026. Esa nota no reescribe el estatuto.